𝑫𝒐𝒚𝒍𝒆 𝑳𝒆𝒆 𝑯𝒂𝒎𝒎: 𝑪𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒏𝒊 𝒆𝒍 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒖𝒅𝒐 𝒎𝒂𝒕𝒂𝒓𝒍𝒐
El 23 de febrero de 2018, el Estado de Alabama intentó ejecutar a un hombre y fracasó.
Se llamaba Doyle Lee Hamm.
Tenía 61 años y llevaba casi tres décadas esperando la muerte en el corredor.
Había sido condenado por un robo a mano armada que terminó con el asesinato del vigilante nocturno de un motel.
Por ese crimen, Alabama decidió que debía morir por inyección letal.
El problema era que su cuerpo ya no respondía a ningún protocolo.
Hamm padecía un linfoma avanzado y un carcinoma basocelular que le había destrozado las venas.
Sus médicos lo advirtieron con claridad: encontrar una vía intravenosa sería extremadamente difícil, quizá imposible.
Aun así, la ejecución siguió adelante.
Aquella noche, el equipo comenzó por los brazos.
Nada.
Pasaron a las piernas.
Tampoco.
Luego a los tobillos.
Fallido otra vez.
Lo que ocurrió después no fue una ejecución, sino una lucha prolongada y silenciosa contra un cuerpo que ya no podía ser utilizado.
Durante casi tres horas intentaron canalizar una vena.
Al menos once punciones documentadas.
Agujas que entraban y salían.
Una de ellas perforó la arteria femoral.
Otra atravesó la vejiga.
Hamm sangraba, tenía dolor y permanecía consciente.
No hubo drogas.
No hubo sedación.
Solo intentos fallidos y un reloj avanzando.
En Alabama, la orden de ejecución tiene un límite horario.
Cuando el reloj marcó la medianoche, el permiso legal expiró.
Y entonces ocurrió algo casi inaudito: Doyle Lee Hamm fue retirado de la camilla con vida.
Herido.
Ensangrentado.
Pero vivo.
Desde 1946, solo tres personas han sobrevivido a un intento de ejecución en Estados Unidos.
El caso provocó una conmoción nacional.
Organizaciones de derechos humanos hablaron abiertamente de tortura.
Hubo demandas, informes médicos y audiencias judiciales.
El debate dejó de centrarse únicamente en la culpabilidad y pasó a algo más elemental: hasta dónde puede llegar el Estado cuando decide matar.
En marzo de 2018, Alabama y Hamm llegaron a un acuerdo confidencial.
El Estado se comprometía a no intentar ejecutarlo nunca más.
Aunque no hubo una conmutación formal inmediata, en la práctica su sentencia pasó a ser cadena perpetua.
Hamm regresó a prisión.
No fue absuelto.
No fue liberado.
Pero tampoco volvió a la cámara de ejecución.
Murió el 28 de noviembre de 2021, a los 64 años, por las complicaciones del linfoma agresivo y el cáncer craneal que padecía desde hacía años.
No murió por una aguja, sino por la enfermedad que el Estado había intentado adelantar sin éxito.
Su abogado, el profesor Bernard Harcourt, documentó las lesiones que sufrió aquella noche y recordó después que, pese a todo, Hamm conservó un “espíritu generoso”.
Él habló de tortura.
Otros hablaron de error técnico.
Los hechos, sin embargo, son difíciles de discutir.
Doyle Lee Hamm pasó casi 34 años en el corredor de la muerte.
Su caso sigue citándose hoy en el debate sobre la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense y la prohibición de castigos crueles e inusuales.
Porque aquel día no hubo inyección letal.
Hubo agujas, sangre y un reloj que se agotó.
Y quedó flotando una pregunta incómoda:
¿qué significa justicia cuando ni siquiera la muerte puede ejecutarse según lo previsto?
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